Política Nacional

Política Nacional
A favor de la Infancia y la Adolescencia
2001 - 2010

El Estado ha manifestado una constante preocupación por la infancia y la adolescencia, pero la mirada ha ido variando progresivamente desde una visión asistencial hacia una promocional y de inversión social, considerando el desarrollo infantil como un componente fundamental y directamente asociado al desarrollo humano integral. Los Programas tradicionales están orientados a los “problemas de la infancia” o a “los niños con problemas”. La intencionalidad de esta política es que las instituciones y programas creados para implementar acciones a favor de la infancia y la adolescencia respondan a la lógica de ver al niño como objeto de atención y protección y no como sujeto de derechos. Se ha perdido de vista al niño, niña y adolescente como sujeto portador de múltiples necesidades pero también de capacidades y potencialidades, como un ser integral y como tal, capaz según su etapa de desarrollo, de participar y aportar en la solución de sus problemas.

El tema de la infancia ha sido relevado en la agenda pública social a partir de 1990, teniendo como marco de referencia los compromisos asumidos por Chile en la “Cumbre Mundial en favor de la Infancia” en 1990, y a partir de la suscripción de la Convención sobre los Derechos de los Niños (CDN), ratificada por nuestro país en ese mismo año.

En un estudio desarrollado por el Grupo de Trabajo Interministerial de Infancia y Adolescencia en 1999, en el marco del proceso de análisis de las políticas sociales dirigidas a grupos prioritarios, se constató la existencia de 93 programas, proyectos, servicios y/o beneficios dirigidos específicamente a los niños, niñas y adolescentes del país, implementados por la administración central del Estado. Desde el punto de vista de su cobertura, sólo un 5,4% de la oferta catastrada es de carácter universal (dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes chilenos) y el 94,6% restante es de carácter selectivo, es decir, dirigida a grupos de niños, niñas y adolescentes que presentan problemas específicos.

En general la oferta pública, se orienta a lo que tradicionalmente ha sido la acción del Estado hacia los niños, niñas y adolescentes, es decir hacia una oferta sectorial centrada en educación, salud y justicia. La acción desplegada, no ha tenido explícitamente por norte una mirada integral.

Cabe señalar en materia de resultados, que esta oferta pública ha sido capaz de mejorar sustancialmente la situación de salud de los niños y niñas, en relación con los indicadores tradicionales de morbimortalidad y de saneamiento ambiental, tales como esperanza de vida, atención profesional del parto, desnutrición, disponibilidad de agua potable y servicios higiénicos, alcanzando niveles equivalentes a los que presentan los países desarrollados .También en esta área, encontramos avances relevantes en lo relacionado con el desarrollo de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, porejemplo en la erradicación de ciertas enfermedades, con programas tan exitosos, como el de inmunización, que se dirige al 100% de la población infantil. Sin embargo, se evidencia insuficiencias en relación con la calidad y oportunidad de la atención a la que se ven enfrentados los niños, niñas y adolescentes, según el sistema de salud al que pertenecen (públicos o privados). Por otra parte, se constata la existencia de una serie de programas que apuntan a resolver problemas semejantes, los cuales están débilmente coordinados.

Se ha avanzado en la descentralización del diseño de las intervenciones, especialmente en salud y educación. Pero en el resto de los sectores, el diseño programático se sigue realizando principalmente en el nivel central, sin considerar las particularidades regionales, ni menos locales, lo que afecta la eficiencia al momento de la ejecución.

La CDN ha implicado un cambio radical en la concepción de la infancia, transformando al niño y niña de objeto a sujeto de derechos y regulando, desde esta perspectiva, su situación jurídica y sus relaciones con la familia, la sociedad y el Estado.

La CDN, tal como lo expresa su artículo 4, obliga en forma directa a los Estados partes a “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que sean necesarias para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos. El desafío ético que esto plantea requiere de profundas transformaciones culturales, las cuales traspasan los marcos meramente discursivos, y se requiere que permeen a la sociedad, de tal manera que los principios y derechos enunciados formen parte de la vida cotidiana de toda nuestra comunidad nacional.

Es en este marco que el Gobierno de Chile ha considerado fundamental contar con una política especialmente dirigida a los niños, niñas y adolescentes (todos los chilenos y chilenas menores de 18 años de edad), entendiendo por niño a toda persona menor de 12 años y por adolescente aquel que se encuentra entre los 12 y los 18 años de edad. Una política que recoja y oriente la aplicación de los principios consagrados y los derechos reconocidos en la CDN.

La Política Nacional a favor de la Infancia y la Adolescencia, pone énfasis en considerar a los niños, niñas y adolescentes según sus atributos y sus derechos frente al Estado, la familia y la sociedad, y no en sus carencias.

La Política pretende ser un marco orientador y ordenador de todas y cada una de las acciones que el gobierno realice a favor de la infancia y la adolescencia, de manera de reconocer las necesidades básicas de los niños como derechos y de establecer las responsabilidades que tiene la sociedad en su conjunto para que sean respetados.

Tiene además un carácter estratégico pues por una parte, ofrece un marco de referencia que otorga sentido y coherencia a dichas acciones y, por otra, busca incidir en las acciones específicas que vayan teniendo lugar en los distintos sectores, instituciones y niveles de la administración del Estado. Su operacionalización se produce a través de la implementación del Plan de Acción Integrado 2001 – 2010. Se trata de una Política estructurada sobre la base de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia que, al mismo tiempo, reconoce las particularidades, necesidades de desarrollo5 y potencialidades de los niños, niñas y adolescentes en sus distintas etapas de desarrollo, y el contexto económico, social, cultural y geográfico en donde se desarrollan.

DERECHOS GENERALES de todos los niños, niñas y adolescentes que vivan en Chile:

1. Derecho intrínseco a la vida.

2. Derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y a preservar su identidad.

3. Derecho del niño, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, y a preservar las relaciones familiares de conformidad con la ley, si injerencias ilícitas.

4. Derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

5. Derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social.

6. Derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

7. Derecho del niño a la educación.

8. Derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad. 5 Las etapas y necesidades de desarrollo a las cuales de hace mención a lo largo del documento son: 0 a 2 años (confianza básica), 3 a 5 años (autonomía), 6 a 12 años (Iniciativa, competencia y laboriosidad), 13 a 18 años (identidad).

9. Derecho a ser protegido contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

10. Derecho a ser protegido contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

11. Derecho a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

12. Derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

13. Derecho a la protección de la ley contra injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación.

14. Derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

15. Derecho del niño a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño.

Derechos especiales

Queremos que en nuestro bicentenario como país, el año 2010, los niños, niñas y adolescentes:

· Sean sujetos plenos de derechos, conscientes y activos también en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Tengan sus derechos fundamentales garantizados por el Estado y por toda la sociedad, independientemente de su condición física, mental, económica, social o cultural.

· Estén plenamente integrados a la sociedad que los recibe y los acoge.

· Sean niños, niñas y adolescentes queridos, apreciados, valorados y respetados en sus necesidades, en los diversos espacios de convivencia donde les corresponda desenvolverse.

· Tengan la posibilidad de desarrollarse al máximo de sus capacidades y potencialidades, como personas con derechos y responsabilidades.

· Sean personas saludables.

· Vivan en un ambiente familiar que los proteja, los oriente, los guíe y los conduzca a su pleno desarrollo.

· Tengan una educación de calidad que genere real igualdad de oportunidades y considere su origen, su familia y su comunidad.

· Vivan en ciudades y localidades a escala humana, con acceso garantizado a espacios de recreación, cultura, deporte y vida al aire libre.